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El STJ y la Universidad firmaron un convenio de colaboración recíproca PDF Imprimir Correo electrónico
De interés general

El Superior Tribunal de Justicia y la Universidad Nacional de La Pampa firmaron un convenio por el que “se comprometen a establecer acciones de colaboración recíproca, en cuestiones de interés mutuo, que hagan al desarrollo de cada una de las instituciones, especialmente en el ámbito de la educación, la ciencia y la tecnología; en base a derechos y obligaciones recíprocas”. En ese marco también podrán rubricarse acuerdos vinculados al personal de cada una de las partes.

El convenio de colaboración recíproca fue suscripto por el presidente del STJ de la Provincia de La Pampa, Hugo Oscar Díaz, y el rector de la UNLPam, Sergio Aldo Baudino, tendrá una vigencia de cuatro años y se renovará automáticamente si no existiere objeción expresa de alguna de las partes con una antelación de días corridos.

El texto, al referirse a sus alcances, expresa en la cláusula segunda que “la Universidad dará su apoyo al Superior Tribunal de Justicia, prestando asesoramiento o consultoría en aquellas tareas que lo demandaren y sean de su competencia; asimismo, contribuirá a la formación y perfeccionamiento del personal del STJ, conforme las necesidades de cada caso”.

“Por su parte –agrega–, el STJ brindará apoyo a la Universidad, a través de la implementación de acuerdos específicos que contribuyan a la formación de los estudiantes, especialmente en la práctica de sus incumbencias. Además, el STJ y la UNLPam colaborarán entre sí en relación al personal que esté bajo la dependencia de ambas instituciones, mediante las herramientas pertinentes que sirvan al desarrollo del mismo”.

Más adelante, en referencia a la coordinación de las actividades, señala que “en la planificación y ejecución de cursos y actividades de especialización y perfeccionamiento de los integrantes del Poder Judicial, intervendrá el Centro de Capacitación Judicial; el que funcionará como nexo entre la Universidad y el STJ, a los fines de analizar, evaluar y proponer las sugerencias que considere pertinente, con el objeto de evitar la superposición de actividades y lograr una visión unificada y coordinada de las ofertas y actividades de formación judicial, contribuyendo de esta manera a fomentar una relación de sinergia y complementación imprescindible en la articulación de actividades académicas”.

El acuerdo prevé además la firma de “convenios específicos, a efectos de tomar medidas concretas”, que podrán ser suscriptos por la Rectoría y/o los decanatos de las unidades académicas de la Universidad.

Esos acuerdos, estipula la cláusula quinta, “deberán precisar los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los recursos necesarios para su realización y modalidades de su financiamiento; consignándose además el personal involucrado y los medios técnicos afectados, equipamiento e instrumental a utilizar y demás aspectos necesarios para su implementación”.

Díaz y Baudino remarcaron que “a los fines de asegurar una adecuada coordinación, las partes facilitarán un fluido intercambio de información en los ámbitos de interés precitados y designarán para cada convenio específico un responsable con atribuciones suficientes para lograr su cometido”.

Finalmente ambos organismos convinieron que “cuando se trate de proyectos conjuntos, cuya realización requiera autorizaciones, apoyo o financiamiento de organismos nacionales e internacionales, las partes colaborarán mutuamente en los trámites que sean necesarios a tal efecto”.