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El STJ no hizo lugar a una presentación administrativa PDF Imprimir Correo electrónico
De interés general

El Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar a una presentación administrativa de la Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación Pensamiento Penal, requiriendo el retiro de las imágenes religiosas de las salas de audiencias y espacios públicos del Poder Judicial. A continuación el texto completo de la resolución:

Visto: El presente Expediente N° 25.146/13, caratulado: “Presidencia del STJ s/Presentación de la Asociación por los Derechos Civiles - ADC y Otro”; y

Considerando: I.- Que mediante presentaciones administrativas de fs. 1/5, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) solicitan el retiro de toda imagen religiosa exhibida en las salas de audiencias y espacios públicos de los edificios del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa.

Fundamentan su petición en los artículos 2 y 16 de la Constitución Nacional; el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP); el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESyC),
así como también en jurisprudencia nacional y supranacional.

Informan que la presentación se enmarca dentro de la “Campaña Nacional a favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial” que busca promover los principios
de laicidad estatal e imparcialidad en el ejercicio de la magistratura y el derecho de todas las personas a ser tratadas igualitariamente sin ningún tipo de discriminación por motivos religiosos y que la misma ha sido replicada en todos los Superiores Tribunales provinciales y en los Tribunales Orales nacionales (fs. 5).

Específicamente, entienden que la exhibición de imágenes religiosas en las salas de audiencia y en los espacios públicos del Poder Judicial se contrapone con el principio de neutralidad religiosa del Estado argentino, así como del derecho de todos los habitantes de ser tratados igualitariamente sin ningún tipo de discriminación
religiosa (artículos 2 y 16 de la Constitución Nacional, 1.1 de la CADH y 2.1 del PIDCyP).

Consideran que la obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de toma de posición estatal a favor de un credo determinado, es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera “imparcial” (artículo 18 de la
Constitución Nacional, artículos 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP).

Finalmente, aclaran que no correspondería excluir de esta petición a los símbolos pertenecientes a la religión católica sobre la base del artículo 2 de la Constitución Nacional y que no sería una objeción válida el argumento fundado en que la mayoría de la población argentina no tendría inconveniente en la permanencia en los lugares públicos del Poder Judicial de símbolos pertenecientes a determinado culto.

II.- Que a fs. 23 se tuvo por presentada la solicitud y por constituido el domicilio en el lugar indicado, disponiendo su pase a la Sala Administrativa, la cual se declaró
incompetente devolviendo las actuaciones para su oportuno tratamiento por el pleno del Cuerpo (conf. artículo 37 de la Ley 2574 – Orgánica del Poder Judicial) (fs. 25/26).

III.- Que contrariamente a lo sugerido en el objeto de las presentaciones, del relevamiento efectuado en los edificios en donde se asientan los principales organismos de este Poder Judicial, se colige que no existen símbolos religiosos exhibidos en salas de audiencia o en espacios públicos de importancia. Sin perjuicio de ello, y
teniendo en consideración la existencia de ciertas cruces que forman parte del mobiliario de los edificios más antiguos del Poder Judicial y otras imágenes que han sido colocadas como manifestación de profunda piedad popular en espacios no relevantes, se considera conveniente aclarar, en el marco administrativo de la presente solicitud, que para este Cuerpo la exhibición de símbolos religiosos en esos espacios públicos no debe ser considerado, per se, un acto contrario al ordenamiento jurídico. En primer lugar porque, como se verá a continuación, nuestro diseño constitucional no impone, ni expresa ni implícitamente, prohibiciones en tal sentido y, fundamentalmente, porque dicha exhibición no resulta atentatoria de derecho fundamental alguno.

III.1. La petición sub examine es efectuada con el fin de promover y respetar los principios de laicidad estatal (fs. 5) y neutralidad religiosa (fs. 2vta.) los que, a juicio
de los presentantes, son consecuencia directa del carácter no confesional del estado, y de los cuales se derivaría la existencia de una suerte de prohibición absoluta para la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos.

Si bien dichas premisas podrían ser aplicadas a determinados modelos constitucionales, no se corresponden, por lo menos con el alcance pretendido, al adoptado por la Provincia de la Pampa en concordancia con el de la Nación Argentina.

Como es sabido, en el derecho constitucional comparado conviven una pluralidad de sistemas que regulan de modo muy diverso las relaciones entre estado e iglesias, cada uno con particularidades propias forjadas a la luz de su idiosincrasia e historia.

Sin perjuicio de la disparidad de términos utilizados en las clasificaciones (muchos de ellos con significados multívocos), pueden identificarse al menos cuatro tipologías básicas. En un extremo aquellos estados que adoptan un diseño teocrático (de sacralidad) en donde la religión constituye la esencia del sistema, rigiendo la
vida y el destino de todas las instituciones y, en el otro, los que adoptando una postura atea combaten cualquier tipo de manifestación religiosa por considerarla contraria a la consecución de sus fines. Entre ambos existen modelos que estableciendo una mayor o menor separación entre el estado y las confesiones, reconocen al fenómeno espiritual y lo regulan, adoptando o no una religión oficial o dando o no preferencia a alguna confesión, pero siempre garantizando la libertad religiosa; y otros que, manteniéndose al margen del factor religioso, toleran la libertad de cultos pero reducen la religión a una esfera netamente individual y privada, propugnando una separación radical entre iglesias y estado en la cual no hay lugar para contactos o relaciones.

La interpretación sistemática de las diversas cláusulas de la constitución provincial, en correlación con la nacional, sugiere que nuestro ordenamiento reviste la
tipología de un estado no confesional (en tanto no adopta una religión oficial), respetuoso de la libertad religiosa y colaborativo con las diversas confesiones.

La invocación a Dios “fuente de toda razón y justicia” contenida en los preámbulos de las respectivas constituciones sumado a la indicación de que las acciones privadas de los hombres “están sólo reservadas a Dios” (artículo 19 de la Constitución Nacional) y la decidida protección a la libertad religiosa (conf. artículos 14
y 20 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución Provincial, artículos 12 de la CADH y 18 del PIDCyP, entre otros) implican un posicionamiento no ateo
(dado que se reconoce la existencia de Dios) o agnóstico (toda vez que no hay indiferencia con lo trascendente), e importan un claro reconocimiento de la dimensión religiosa de la persona humana (en tanto sería irrazonable reconocer y defender con especialísimo énfasis algo inexistente o indiferente para el hombre). Y, sobre todo, descartan de plano la licitud de actos de hostilidad estatal para con el fenómeno religioso.

Repárese que la invocación a Dios en los respectivos preámbulos no constituye una cuestión menor, frívola o insignificante sino que encarna una adhesión política y
jurídica a una particular cosmovisión en la cual lo trascendente tiene su lugar, reconociéndose al factor religioso como una dimensión propia de la persona (conf. Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, EDIAR, Buenos Aires, 1996, I, p. 543 y ss.; Seisdedos, Felipe, “El Preámbulo”, E.D. 91-924, entre otros; al respecto Vanosi entiende que la cláusula invocativa adquiere “el significado de un reconocimiento a lo sobrenatural, a la causa de las causas” –Vanosi, Jorge R., voz Preámbulo, Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1966, XXII, p. 735).

Por su parte, la obligación del estado de sostener el culto católico apostólico romano prevista en el artículo 2 de la Constitución Nacional (sin perjuicio que se la
interprete de una forma amplia –lo que implicaría desde el sostenimiento económico del culto a la defensa de los valores y creencias propias del catolicismo– o restringida –sólo el sostenimiento económico), permite concluir que, si bien no se asume el culto como oficial, indudablemente se otorga a la Iglesia Católica un estatus constitucional propio y preferente a las demás iglesias (conf. González Calderón, Juan A., Curso de Derecho Constitucional, Depalma, 6ta. Edición, Buenos Aires, 1974, p. 186 y ss.; Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, ob. cit., p. 543 y ss.; Sagües, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1993, I, p. 594; Bidegain, Carlos María, Curso de Derecho Constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, II, p. 95 y
ss.; Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1993, I, p. 191; Padilla, Norberto, “El derecho a la libertad de Cultos”, en Sabsay, Daniel –director–, Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 498; Zarini, Helio Juan, Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1992, I, p. 345 y ss., entre otros).

Y, vale aclarar, este criterio no se modificó con la reforma constitucional de 1994 toda vez que las normas derogadas (artículos 67, incisos. 15, 19 y 20, y 86, incisos. 8 y 9 de la Constitución Nacional de 1853-60), lejos de implantar un cambio de paradigma, vinieron a adecuar el texto constitucional a la praxis vigente y, en
especial, al Concordato celebrado entre la República Argentina y la Santa Sede en 1966 (aprobado por ley 17.032), por el cual se reafirma y consolida la relación de cooperación y armonía entre estado e iglesia.

Como ha sido indicado por miembros de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente, “la supresión del régimen del Patronato Nacional no alteró, sin embargo, el principio sentado en el artículo 2 de la Constitución –que no fue objeto de reforma– según el cual el Gobierno federal sostiene el rito católico, apostólico y romano. El referido artículo ubica a la Iglesia Católica de Roma en una situación de preferencia respecto a las demás religiones, por cuanto se vincula al sentimiento espiritual e histórico de la mayoría del pueblo argentino” y “puede afirmarse que la Constitución reformada mantiene el carácter teista que resulta en primer término, de la invocación a Dios ‘fuente de toda razón y justicia’ contenida en el Preámbulo, ratificada en los artículos 14 y 20 en cuanto aseguran a los habitantes de la Nación profesar y ejercer libremente su culto” (AA.VV., La reforma de la constitución explicada por miembros de la Comisión de Redacción, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1994, pp. 338-39). Además, es importante destacar que en la mayoría de los proyectos presentados y en las intervenciones de los convencionales constituyentes existió una valoración positiva, o al menos no negativa, del fenómeno religioso (conf. Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, imprenta del Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1994, pp. 2242 y ss.).

Ahora bien, independientemente de la postura que se adopte con respecto a la Iglesia Católica, lo cierto es que las disposiciones antes transcriptas ponen de manifiesto que nuestro sistema constitucional no acogió el modelo de corte laicista (al estilo de Francia o Turquía) que propugna la obligación de mantener al estado totalmente ajeno del fenómeno religioso. Si constitucionalmente se invoca a Dios, se obliga a sostener una determinada iglesia y se protege con especial énfasis la libertad religiosa es porque, mínimamente, no se considera al factor religioso como pernicioso para la sociedad.

En este sentido, puede afirmarse que, entre nosotros, rige (y con mayor claridad a partir de la reforma constitucional de 1994) un modelo de laicidad positiva en donde existe una necesaria y prudente independencia entre estado e iglesias, pero se reconoce al factor religioso como un fenómeno con trascendencia social, una
dimensión propia de la persona humana no relegada al ámbito exclusivamente interno y que, como tal, no sólo no debe neutralizárselo sino que debe prestarse la cooperación oportuna a fin de posibilitar las condiciones necesarias para el mejor desarrollo de esa dimensión. Se establece una suerte de principio favor religionis en el cual no hay hostilidad estatal hacia la religión sino por el contrario se ve en ella un elemento positivo para el bien común.

En la laicidad positiva el estado continúa manteniéndose neutral frente a todas las religiones y no asume, promueve o impone ninguna. Sin embargo, esa neutralidad
no implica neutralización del fenómeno religioso, eliminación sistemática y continua de toda su referencia en el ámbito público, imposibilidad de que el estado preste colaboración sino más bien un deber de imparcialidad. Rige un principio de respeto a la pluralidad religiosa que impide adoptar actos o políticas públicas que tiendan a la uniformidad religiosa, ya sea obstruyendo el ejercicio de determinado culto o forzando a su práctica, o bien interfiriendo, sin causa válida, en cuestiones que hacen a la identidad de cada colectivo religioso.

Por ello, insistimos, entre nosotros neutralidad equivale a un deber de imparcialidad, de respeto a la pluralidad enmarcada dentro del modelo de laicidad positiva en donde el factor religioso “debe ser tomado en cuenta por el poder estatal en términos de respeto a esa dimensión humana de la persona, pero atiende, al mismo tiempo, la autonomía de ambas esferas, propiciando la colaboración entre iglesias, a fin de construir una sociedad plural en las que puedan convivir en paz las diversas identidades, también las religiosas” (conf. Gelli, María Angélica, “Espacio público y religión en la Constitución Argentina. Laicismo y Laicidad en una sociedad plural”, L.L. 2005-E-1402).

Las formas de cooperación podrán presentarse de diversas maneras y en distintas circunstancias. Así, se cooperará removiendo obstáculos que impidan el ejercicio del culto (cooperación garantista), financiando actividades de grupos religiosos o sosteniendo determinada confesión (cooperación económica), o bien, que es lo que aquí interesa, brindando ayudas que simbolicen el apoyo estatal al fenómeno religioso (cooperación simbólica). Esta última, se materializará en forma activa por
medio de actos o palabras (v.gr. la asistencia oficial de funcionarios a ceremonias religiosas, el dictado de feriados por fiestas patronales, la declaración de beneplácitos, etc.) o en forma pasiva permitiendo la realización de eventos o la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos.

Por otra parte, la presencia del factor religioso en el ámbito público no es producto del arbitrio de determinadas autoridades sino de una profunda tradición arraigada en nuestra sociedad y que se explica por ser el cristianismo uno de los elementos fundantes de nuestra historia y cultura.

Dicha presencia se observa en el nombre de provincias (v.gr. Santa Fe, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Misiones), ciudades, pueblos y barrios, y también en ríos, golfos y montañas; en actos y políticas públicas concretas (v.gr. el mantenimiento de feriados y días no laborables de carácter netamente religioso, usufructuados por los que profesan y los que no profesan el culto, tanto a nivel nacional –Navidad, Jueves Santo, Viernes Santo, Inmaculada Concepción de María– como local –en provincias, ciudades y pueblos de toda nuestra geografía es habitual disponer como día festivo no laborable el del santo patrono del lugar); en la colaboración organizativa de actos religiosos de gran magnitud (piénsese en las multitudinarias peregrinaciones en honor a la Virgen de Luján, del Rosario de San Nicolás, de Itatí, del Valle, del Señor y la Señora de los Milagros, etc.); en la asistencia oficial de autoridades a Te Deums y fiestas religiosas; en invitaciones a ministros de culto para recitar palabras y bendiciones en fiestas patrias e inauguraciones de obras públicas; en la erección de monumentos, plazas y calles con nombres religiosos; en la
declaración de beneplácitos y reconocimientos a actos u acciones con contenido religioso y, finalmente, en la exhibición de imágenes religiosas en un sinnúmero de espacios públicos a lo largo y ancho del país.

En este sentido, resulta innegable la presencia de una suerte de “costumbre constitucional en donde existen claras manifestaciones estatales que parten de reconocer que la religión católica se encuentra fuertemente enraizada en nuestra Nación” (“Asociación de los Derechos Civiles –ADC– y otros c/EN –PJN– nota 68/02 s/amparo ley 16.986”, CCont.Adm.Fed., Sala IV, 20/04/2004).

En síntesis, nuestro diseño constitucional, avalado por la costumbre, no elimina per se la presencia del factor religioso en el ámbito público, ni instaura un principio
de neutralidad religiosa con los alcances pretendidos por los peticionantes. Por el contrario si lo religioso importa como dimensión propia de la persona humana resulta razonable que, en la medida de sus posibilidades, el estado facilite y no obstruya el desarrollo de dicha dimensión, procurando prestar ayudas para su desarrollo, entre las que se encuentra, como hemos visto, la tolerancia a la exhibición de imágenes religiosas en espacios públicos.

Claro está que ello reconocerá grados, circunstancias y límites que deberán ser evaluados en cada caso. Su mayor o menor presencia será una cuestión de oportunidad, mérito o conveniencia que deberá ser debatido y considerado por las autoridades correspondientes teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las mayorías y minorías. Es que, como podrá apreciarse, no será lo mismo colgar una cruz o una imagen en un espacio de importancia que en un espacio no relevante; exhibir un símbolo que una pluralidad de símbolos; no es lo mismo que se exponga en un lugar en donde la mayoría de las personas comparten esa simbología que ponerlo en otro donde se profesa un culto antagónico; no es igual poner que sacar un símbolo y, a su vez, tampoco retirar un símbolo que
lleva años en un lugar que otro recién colocado, y así se presentan un sinnúmero de situaciones que deberán ser evaluadas en forma particular sin posibilidad de efectuar generalizaciones inadecuadas que lleven a resultados erróneos.

III.2.- Visto que no existe prohibición constitucional per se para la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos, a continuación debe considerarse si el caso
concreto de los símbolos que se encuentran en mobiliarios y espacios públicos no relevantes del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa (básicamente: cruces), afectan derechos y principios fundamentales, en especial: la libertad religiosa, la igualdad (que en el caso se traducirá en el derecho a no ser discriminado por motivos religiosos) y la imparcialidad en el ejercicio de la magistratura.

Debe aclararse que los símbolos en cuestión se encuentran colocados desde hace décadas y que, justo es decirlo, nunca han sido motivo de quejas sino más bien de complacencia de las personas que pasan frente a ellos en señal de profundo respeto.

Además, como se ha adelantado, la presencia de estos símbolos no tiene su origen en actos expresos de determinadas autoridades sino que son producto de manifestaciones espontáneas de piedad popular históricamente arraigadas en nuestro ámbito.

Desconocer estos datos fácticos implicaría efectuar un análisis descontextualizado, y como tal, llevaría a conclusiones erróneas. Es que “la interpretación de los derechos fundamentales no puede hacerse al margen del contexto: nuestra historia y nuestras tradiciones. Pretender lo contrario supondría eliminar la esencia
social que acompaña a los derechos humanos en su nacimiento y posterior desarrollo
” (caso “Linares Bustamante”, Tribunal Constitucional del Perú, sentencia del 7 de marzo de 2011, considerando 51).

Efectuadas las aclaraciones pertinentes, este Cuerpo considera que la exhibición de símbolos estáticos, como las cruces, no afectan la libertad religiosa (ya sea en su faz interna –libertad de conciencia– o externa –libertad de culto) en tanto no coaccionan a las personas a profesar una confesión, cambiarla o no profesar ninguna, no
compelen a obrar conforme a ciertas creencias y, menos aún, a actuar en contra de la propia conciencia. No obligan a rendir culto, a tomar parte de un rito y ni siquiera a compartir sus valores. A nadie se le pide hacer un acto de fe, persignarse o venerarlos. Las cruces son símbolos esencialmente pasivos que no tienen capacidad de adoctrinamiento (conf. caso “Lautsi y otros c. Italia”, Gran Sala de la Corte Europea de Derecho Humanos, 18/03/2011, considerandos 66 y 72; “Linares Bustamante”, Tribunal Constitucional del Perú, sentencia del 7 de marzo de 2011, considerando 45, entre otros). En especial cuando, como en el presente caso, tienen una presencia reducida al encontrarse colocados en espacios de escasa relevancia cuantitativa y cualitativa (son espacios de poca afluencia de gente y donde no se suelen realizar actos jurisdiccionales de importancia).

Nadie podrá sostener con seriedad que la presencia de una cruz colgada en alguna pared nos ha compelido a profesar la religión católica. Es evidente que en la actualidad cada uno profesa libremente la religión que le place o no profesa ninguna, independientemente de la existencia o no de cruces o demás símbolos religiosos
presentes en uno o diversos ámbitos. Y esta nula incidencia en la libertad religiosa de las personas, explica que el presente reclamo, como la mayoría de su tipo, no es promovido por individuos o colectivos de cultos minoritarios que consideran que su libertad ha sido quebrantada, sino por aquellos que pretenden lisa y llanamente, como opción política y cultural, imponer el destierro del factor religioso del ámbito público. Bajo el ropaje de la defensa irrestricta de la libertad religiosa en realidad se busca reducir la religión a su mínima expresión, a un ámbito netamente individual que elimina su natural y necesaria faceta social.

Adviértase que los peticionantes no han probado, ni siquiera en forma indiciaria, que por la simple exhibición de una cruz en un espacio no relevante, algún individuo o grupo minoritario concreto se encuentra afectado en el ejercicio de su libertad religiosa o se ha interferido en alguna cuestión relevante de algún colectivo religioso que impida el ejercicio de sus derechos.

Por el contrario, la presencia de los símbolos religiosos no sólo no ha afectado o limitado el derecho de libertad religiosa de las minorías sino que ha posibilitado un mejor ejercicio del de la mayoría. Lo cual es corroborado por el hecho de que en las décadas en que se encuentran expuestos dichos símbolos nunca nadie ha manifestado su rechazo sino que cada día son mayores las señales de respeto hacia aquellos.

La presencia de cruces en el espacio público no puede ser interpretada como una forma de coacción frente a otras confesiones o la propia conciencia de los ciudadanos. Simplemente es un hecho cultural que responde a la innegable influencia que el cristianismo ha tenido en la formación histórica del país e implica la manifestación de una práctica de piedad popular que forma parte del rico acervo de tradiciones de nuestra nación.

En este sentido, la tolerancia hacia los demás no tiene por que llevar a la intolerancia hacia la propia identidad. El pluralismo no reclama la renuncia a la cultura y
tradiciones de la nación. Como bien se ha expresado, “[m]ás allá de las convicciones religiosas de sus miembros, el Tribunal se esfuerza racionalmente por ubicarse en un punto en el que pueda garantizar de la manera más sensata el pluralismo que le ordena la Constitución. Al hacerlo, sin embargo, no puede soslayar la cultura, la historia y la inevitable presencia de los símbolos católicos en nuestra vida cotidiana. Su deber es, pues, garantizar un modelo de pluralismo, pero sin hacer abstracción de la historia y la realidad. La garantía del pluralismo, sin embargo, sólo es posible en el marco del principio de tolerancia. Este último, que es consustancial a la fórmula del Estado constitucional de derecho, permite la convivencia, también en los espacios públicos, sin tener que llegar al extremo de negar nuestra tradición y nuestra historia” (caso “Linares Bustamante”, Tribunal Constitucional del Perú, sentencia del 7 de marzo de 2011, considerando 51).

Asimismo, el hecho de que los únicos símbolos que actualmente se encuentran exhibidos se identifiquen con el catolicismo, no resulta una afectación a la igualdad ni una discriminación arbitraria. La presencia de estos símbolos y no de otras confesiones resulta lógico en virtud de ser dicha religión (y más aún sus valores) la compartida por la mayoría de los argentinos, a lo cual debe sumarse nuestro especial diseño constitucional y la costumbre, tal y como fuera explicado en el acápite
anterior.-

En virtud de lo dicho, la tolerancia a la presencia de los símbolos que actualmente se exponen no implica una discriminación por motivos religiosos (en igual sentido, causa “Linares Bustamante”, Tribunal Constitucional del Perú, sentencia del 7 de marzo de 2011, considerando 47). No existe en el caso un trato desigualitario a quienes se encuentran en similar situación y no se está negando a unos lo que se da a otros en igualdad de circunstancias.

Tampoco puede interpretarse como una búsqueda de la uniformidad religiosa. Independientemente que ello resultaría estéril por carecer dichos símbolos de capacidad de adoctrinamiento, sólo significa una colaboración del estado para con el desarrollo de la dimensión religiosa del individuo.

Con la tolerancia a la presencia de los símbolos sub examine, este Poder Judicial sólo pretende respetar manifestaciones propias de la identidad nacional, y cooperar sumando y no restando lugares de expresión. Busca generar ámbitos de entendimientos en donde se maximice el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Por otra parte, no debe perderse de vista que la mayoría de los símbolos religiosos que otrora se identificaban exclusivamente con una confesión o institución en la actualidad adquieren una connotación más amplia, transmitiendo valores culturales que trascienden a un grupo, cumpliendo en muchos ámbitos funciones de integración y siendo por ello deseables desde un punto de vista social.

La presencia de los símbolos religiosos en espacios públicos no es un acto de proselitismo estatal a favor de determinada religión, o la adopción de una confesión por parte de la justicia. Por el contrario, ordenar el retiro de los símbolos religiosos como decisión de gobierno implicaría por parte de este Poder Judicial adoptar una
postura concreta frente al fenómeno religioso (v.gr. un “laicismo negativo”), lo cual constituiría un acto de intolerancia que quebrantaría la neutralidad reclamada por los peticionantes (conf. “Lautsi y otros c. Italia”, Gran Sala de la Corte Europea de Derecho Humanos, 18/03/2011, considerando 2.10 del voto del Juez Bonello) y que, además, no se condeciría con nuestro diseño constitucional en el cual, como se ha dicho, laicidad equivale a neutralidad como imparcialidad pero no a neutralización del fenómeno religioso en la vida pública.

Por último, la existencia de símbolos religiosos en espacios no relevantes del Poder Judicial resulta absolutamente independiente de la imparcialidad o parcialidad que puede existir en el ejercicio de la magistratura. En primer lugar, porque en el caso de los magistrados provinciales, los símbolos exhibidos no tienen conexión temporo-espacial con su labor diaria (no se encuentran en salas de audiencia u otras dependencias en las cuales se desarrollen actos jurisdiccionales). Asimismo, porque no se puede afirmar, ni siquiera remotamente, que cada uno de los magistrados se identifiquen con los símbolos exhibidos y, menos aún, que condicionen su accionar (indicio de ello es que no existe en los repertorios de jurisprudencia local, sentencias que fueran revocadas por estas cuestiones). Y, finalmente, porque si fuera cierto lo afirmado por los peticionantes, entonces debería sostenerse con mayor fuerza la presunción de parcialidad de aquel juez que lleve en su pecho algún símbolo o que asista a una ceremonia religiosa o recite una plegaria, y ni que decir de aquellos que asumieron el cargo jurando por Dios y por los Santos Evangelios (todas cuestiones reconocidas en las presentaciones como lícitas). En todo caso, lo prudente será analizar en cada causa cuándo un magistrado dejó de ser imparcial por temas religiosos y, en su caso, activar los mecanismos correspondientes para remediar el acto (v.gr. recusar, recurrir, etc.), evitando generalizaciones inadecuadas.

IV.- Que, en síntesis, corresponde no hacer lugar a las peticiones administrativas de fs. 1/5 en virtud de que nuestro diseño constitucional, avalado por la costumbre, no prohíbe ni elimina la presencia del factor religioso en la sociedad y, en el caso concreto de los símbolos expuestos en lugares no relevantes, no existe afectación a derecho fundamental alguno.

Para este Cuerpo, no resulta ilícito exhibir imágenes religiosas en espacios públicos. Su mayor o menor presencia será una cuestión de oportunidad, mérito o conveniencia que deberá ser debatida y considerada por las autoridades correspondientes teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales.

El Dr. Eduardo D. Fernández Mendía, dice:

Corresponde dejar sentada mi adhesión total y esencial a las consideraciones expuestas por mis colegas por compartir todo su itinerario lógico jurídico. Sin perjuicio de ello, a modo de addenda, complementaré lo expresado desde una cosmovisión antropológica cultural que subyace al escenario factico jurídico.

No escapa al suscripto que la judicatura se enfrenta en nuestro país de un modo particular, y en el mundo occidental de manera heterogénea, a conflictos derivados de pulsiones culturales, económicas, sociales, religiosas, étnicas, propias de un mundo multicultural, en un complejo mosaico social que debemos discernir
cuidadosamente con la fusión instrumental del derecho positivo constitucional, con la filosofía jurídica, con el derecho de gentes, etc., tratando de cumplir el aforismo del jurisconsulto romano, Ulpiano,  “de dar a cada uno lo suyo”.

No estamos en el contexto de un proceso de conocimiento diseñado para la resolución de conflictos de intereses, porque ello no se ha planteado, ni tampoco tenemos incumbencia en el sub lite para dilucidar reconocimientos de identidad de un sector social o de discriminación de algún tipo.

Nuestro marco de abocamiento se centra en el escenario de la superintendencia o gobierno del Poder, conforme el ordenamiento constitucional y legal, y, además de una necesidad institucional de hablar claro (clare loqui) en temas que no pueden evadirse como respuesta, al amparo de obstáculos procesales o rituales, sin ánimo de exhibir aserciones dogmáticas, sino por el contrario, intentar aportar una justa composición de inquietudes en el campo axiológico.

La petición indudablemente está imbuida de una posición ideológica de raigambre laicista, que busca de manera “iconoclasta” borrar la presencia de imágenes religiosas, al amparo del argumento de la neutralidad religiosa, como también del derecho de todos los habitantes a ser tratados igualitariamente, sin ningún tipo de discriminación religiosa.

Se afirma además en la petición que la obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de posición estatal a favor de un credo determinado, es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera “imparcial”.

Esta afirmación resulta desacertada en diversos planos, y revela además de un autoritarismo indisimulable y una evidente desconexión con una elemental lógica jurídica, empañando en parte el objetivo esencial, al ser analizada su admisibilidad y procedencia sustancial.

A modo de digresión he de aclarar que este Superior Tribunal de Justicia, con distintas composiciones, no ha dispuesto –en ejercicio de su autoridad de superintendencia– ninguna resolución acerca de la presencia de símbolos religiosos en sus dependencias, símbolos que consuetudinariamente han estado presentes, no solo en el ámbito judicial sino en la mayoría de los ámbitos oficiales y privados, en una nación donde la catolicidad es un ingrediente inescindible de la identidad nacional. Tal presencia iconográfica obedece a decisiones personales de integrantes del Poder Judicial, en ejercicio de sus derechos personalisimos, que hemos decidido implícitamente respetar, cualquiera fuere su contenido.

Asimismo, respetando la pluralidad religiosa de sus integrantes, se han facilitado distintas fórmulas de juramento al inicio de su carrera administrativa o de la judicatura. Además, la filiación religiosa no ha sido tenida en cuenta en ninguna situación, sino sólo la idoneidad, desconociéndose las adhesiones personales de sus
integrantes.

Hecha esta necesaria digresión, recordando que estamos en un contexto de un Estado constitucional de derecho, con un bloque de constitucionalidad y convencionalidad ratificado a partir de 1994, con una Constitución Nacional que presenta una fusión filosófica múltiple, tributaria de tres vertientes principales, como lo señala Néstor Pedro Sagüés en su obra Elementos de Derecho Constitucional, T. 1.

Ellos son: el techo ideológico liberal individualista cuyo valor supremo es el reconocimiento de la libertad humana (Linares Quintana). Luego, el techo neo tomista, por cuanto “otros aspectos de la Constitución se vinculan al tradicionalismo hispano de base teísta y aristotélica tomista” (Sampay). El Preámbulo, por ejemplo, propone
también afianzar la Justicia y promover el bienestar general (que al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el bien común de la filosofía clásica “Quinteros, Fallos 179:113”).

Por lo demás, Dios es mencionado en el Preámbulo como “fuente de toda razón y justicia” y en el artículo 19, donde también se alude a los valores morales y al orden público, como al pensamiento neotomista.

Finalmente, el techo ideológico social: la reforma de 1957 incorpora a la Constitución cuestiones del constitucionalismo democrático-social, según Sagüés a quien seguimos en esto, pero que a modo de síntesis tiene su culminación a partir del artículo 14 bis de la Constitución.

Estamos examinando un tema que además de su relevancia constitucional e infra constitucional en el plano de la juridicidad, también se vincula con la cosmovisión que tuvieron los constituyentes de 1853, y sus modificaciones incluida la de 1957, así como también la de 1994, con su nuevo bloque de constitucionalidad.

A tal efecto y dejando en suspenso la argumentación sobre la simbología religiosa, quiero puntualizar en este segmento de mi voto, lo referido a la cultura que impregna nuestra nacionalidad,  y que recepta la Constitución de 1994 sabiamente, como un germen de proyección de nuestra riqueza cultural.

Nuestra nueva Constitución Nacional inscripta en un constitucionalismo social, que tiene como destinatario al hombre y a sus circunstancias, llámense éstas, medio ambiente, cultura, tradición, sentido de inmanencia y trascendencia, con una plural axiología política, social y cultural, pero que abreva en la filosofía clásica, el
derecho romano, las religiones monoteístas de Occidente, etc.

Esta pluralidad o multiculturalidad trae aparejada una cohabitación o coexistencia respetuosa para “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.

Adquiere relevancia trascendental la manda del artículo 41 de la Constitución Nacional, al referirse a la preservación del medio ambiente, no como un fin en sí mismo,
sino para que sea apto para el desarrollo humano, como lo señala el texto.

Más adelante profundizaré el sentido teleológico de la norma al señalar en su segundo párrafo “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la diversidad biológica”.

Hay que recordar que el derecho ambiental que emerge de la Declaración de Estocolmo de 1972 protege el ambiente para el hombre, en relación a la “dimensión natural” (ecológica) como a su dimensión económico-social y cultural y que recepta la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente).

El constituyente ha querido situar al patrimonio cultural junto al natural, todo dentro de un concepto más abarcativo, que se ha dado en llamar ambiente, el cual implica un entorno, un hábitat para el hombre (antropos) como persona, como unidad biopsicosocial, abierta a la trascendencia.

Ese patrimonio cultural del pueblo está íntimamente ligado a su pasado histórico, a su construcción como nación, heredera de un legado europeo enriquecido, con el bagaje precolombino, con su itinerario colonial y luego, fusionado dinámicamente nuevamente con la inmigración.

Con acierto, Carlos Fayt, en su obra Derecho Político, (Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 49), nos recuerda que: “[l]a Nación es una comunidad determinada objetivamente por el nacimiento o su asimilación y subjetivamente por nexos sociológicos, como el lenguaje, la religión, los usos y costumbres y hábitos de vida y psicológicos, como la voluntad de pertenencia y conciencia de poseer un origen y un destino común, que se resuelven en determinadas formas de vida, en común cooperación y solidaridad. No predominan en ella los factores naturales sino los culturales”.

Esto denota un llamado a que el patrimonio cultural no se construye con exclusiones sino con su antónimo, la inclusión, lo que implica que mayorías y minorías se deben un aprendizaje en la colaboración, en la cohabitación, en la coaceptación de la diversidad, sin despojos ni desalojos ilegítimos.

Las pretensiones de ablación cultural, religiosa, etc. no son compatible con el sistema democrático republicano, sean éstas esgrimidas por mayorías o por minorías de cualquier signo, por cuanto repugna el espíritu de la Constitución Nacional y el mandato preambular de “constituir la unión nacional” –primer enunciado objetivo– que es soslayado y desconocido por los peticionantes de autos.

Tan es así que el constituyente de 1994 le encomienda al legislador infraconstitucional, en su artículo 75 inciso 19 “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural...” por lo que mal puede este Superior Tribunal de Justicia ordenar, como decisión de gobierno, retirar símbolos religiosos de la religión sostenida por el Gobierno federal, bajo la argumentación de que afecta la imparcialidad de los jueces, expresión sobre la que volveremos en este análisis.

Igual mandato lo observamos en los artículos 19 y 29 de la Constitución de La Pampa, vinculados a la pluralidad cultural.

En esta hermenéutica constitucional resulta de capital relevancia lo fallado por nuestro Máximo Tribunal en autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación por la Identidad Travesti Transexual c/Inspección General de Justicia” en sus considerandos, tanto de la mayoría como el del Dr. Carlos Fayt.

En el considerando 14 se subraya: “[q]ue el precepto mencionado exige que las asociaciones tengan por principal objeto el bien común”; y en el considerando 15 “[q]ue el ‘bien común’ no es una abstracción independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de éstas y menos aun lo que las mayorías considere ‘común’ excluyendo a las minorías, sino simple y sencillamente en el bien de todas las personas, las que suelen agruparse según intereses dispares, contando con que toda sociedad contemporánea es necesariamente plural, esto es, compuesta por personas con diferentes preferencias, visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas, etc.
Sea que se concibe a la sociedad como sistema o como equilibrio conflictivo, lo cierto es que en tanto las agrupaciones operen lícitamente facilitan la normalización de las demandas (desde la perspectiva sistémica) o de reglas para zanjar los conflictos (desde una visión conflictivitas). Desde cualquiera de las interpretaciones – la normalización unos o la estabilización para otros – provoca un beneficio para la totalidad de las personas, o sea para el bien común. En efecto, como dijo la Corte en Fallos: 312:512 `es erróneo plantear el problema de las personas y el del bien común en términos de oposición, cuando en realidad se trata más bien de recíproca subordinación . En análogo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expreso en las opiniones consultivas 5/85 del 13 de noviembre de 1985 punto 66 y 6/86 del 9 de mayo de 1986”.

Luego en su considerando 19 la mayoría consigna “[q]ue esta Corte ya ha subrayado el grave defecto de interpretación en que incurren los tribunales cuando en sus decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base para la sociedad democrática, cual es la coexistencia social pacífica. La preservación de éste
asegura al amparo de las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos por el conjunto de personas, aun minoritarias cuya protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica”.

Finalmente en este pronunciamiento, el voto del Juez Carlos Fayt en el considerando 15, con similar valoración que la mayoría, expresa: “[c]omo lo ha señalado el tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de un texto similar al de la CADH, en el caso ‘Gorzelik and others v. Poland’ (appliccation n° 44.158/98 pronunciamiento del 17 de febrero de 2004 puntos 89 a 92) la trascendencia del pluralismo, la tolerancia y la comprensión llevan a concluir que todo derecho de asociarse es constitucionalmente útil, en la medida que acrecienta el respeto por las ideas ajenas, aun aquellas con las que frontalmente se discrepa, y hasta se odia,
favoreciendo la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y logrando una mayor cohesión social que nace, precisamente, de compartir la noción fundacional del respeto a la diversidad y de la interacción de personas y grupos con variadas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, económicas, políticas, étnicas, religiosas, etc.”.

Este pronunciamiento consulta la coherente doctrina del Tribunal, que cuando la cuestión a resolver enfrenta derechos o garantías de rango constitucional, debe procurarse su conciliación (Fallos 255:293, 258:267, 302:640, etc.).

A esta altura del análisis, resulta esclarecedor conocer la posición de un notable constitucionalista europeo como Gustavo Zagrebelsky, miembro del tribunal Constitucional Italiano en su opúsculo “Que es ser Juez constitucional”, editado por la Universidad de la Sabana (Colombia) traducido por Miguel Carbonell – autor mexicano-, al referirse al escenario de conflicto de derechos de similar jerarquía en un Tribunal Constitucional.

Dice el magistrado italiano: “[e]s conocida, frente a las contraposiciones, la propensión de las Cortes a la ‘tercera opción’, para no aplastar ninguna de las posiciones sobre el terreno. Esto no representa el oportunista intento de caminar sobre el filo de la navaja para no ocasionar descontento ninguno; es por el contrario, la vía más extensa de justificación para mantener abiertos los vínculos entre las partes, remarcar las asperezas y preservar abierto y fértil el terreno del enfrentamiento, lo que a fin de cuentas, representa el objetivo de integración esencial de toda constitución pluralista. Pero en contextos de grandes tensiones políticas y culturales que no dejan otra posibilidad más que decantarse con una o con la otra parte, el poder de las cortes para certificar la legitimidad o ilegitimidad como última instancia se asemeja a ser por sí misma factor de otras tensiones y de ulteriores divisiones. Por esto, dualismo radical de las posiciones, que en ciertos momentos parecen amenazarnos, es enemigo de la constitución y de la justicia constitucional; amigo es el pluralismo de los equilibrios dinámicos que se nutre de moderación, reconocimiento, respeto y diálogo recíprocos; garantizarlos constituye el objetivo más profundo de los tribunales constitucionales en cualquier parte del mundo. Este es el espíritu de la justicia constitucional y de sus jueces. Y ésta es también la razón por la cual no es retórica vacía considerar los miembros de esa ideal sociedad
republicana (…)”.

Nuestra Corte Suprema en la causa Portillo, en su considerando 16 nos señala pedagógicamente “[q]ue los argentinos de esta hora nos hallamos con fervor, comprometidos en la restauración definitiva del ideal democrático y republicano que tan sabiamente plasmaron los hombres de 1853 en la Constitución que nos cobija. Es esto prenda de sacrificios y de conciliaciones, de lucha y reencuentros. El presente es también, un momento de reencuentro. Pero el reencuentro pide por la unidad en libertad, no por la uniformidad. Unidad que entre los hombres libres es la unidad en la diversidad, la unidad en la tolerancia, en el mutuo respeto de credos y conciencias, acordes o no con los criterios predominantes. Nada hay que temer de la diversidad así entendida, y sí mucho que esperar (…)”.

Con estas reflexiones propias y otras extraídas de la jurisprudencia de nuestro Tribunal cimero, y de calificada doctrina se pone de relieve que no es la salida democrática, la propuesta en la petición de remoción de símbolos religiosos a modo coercitivo de desahucio o desalojo, como encuentra cabida la pretensión minoritaria y no por ello menos atendible de receptar los derechos pretendidamente menoscabados.

Se advierte de la lectura del escrito de petición una serie de manifestaciones cuasi- dogmáticas de dudosa proponibilidad, no sólo en el marco del derecho, sino también de la lógica formal y jurídica.

Insinuar que la presencia de símbolos religiosos en ámbitos públicos del Poder Judicial afecta la imparcialidad del Juez, como así también la confianza, por estar identificados con una determinada confesión, es altamente subjetivo y dogmático, puesto que exhibe innumerables aristas que son cercanas a una falacia o sofisma.

Implica en primer lugar, vincular una iconografía preexistente a la mayoría de la judicatura local, con la adopción de un credo sin ningún tipo de fundamento racional atendible. Bastapara ello presenciar las ceremonias de asunción de tantísimos magistrados y funcionarios y advertir la opción efectiva de fórmulas de juramento no
confesional.

En segundo lugar, y esto ya es rayano en la superficialidad o trivialidad argumental, es la de asignar implícitamente a los símbolos religiosos una virtualidad paranormal o “mágicamente sobrenatural o preternatural” que de manera infusa determina, o condiciona la independencia o imparcialidad de los juzgadores, con la sola cercanía física del ícono.

En tercer lugar, adjudicar a la adopción de un credo por un integrante del Poder Judicial, una consecuencia inevitable de arrasamiento a la imparcialidad, conlleva a un desconocimiento de los perfiles éticos de los jueces creyentes – entre los que me incluyo – desconociendo además la sentencia de Aristóteles, “Yo soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad” a la que adherimos enfáticamente.

La frase de Jesús de Nazaret “La verdad os hará libres” es un mandato radicalmente axiológico y teleológico para los operadores creyentes del Poder Judicial que no puede ser desvirtuado o caricaturizado.

No puede desconocerse que en la historia de la humanidad, al amparo de cierto fundamentalismo religioso, se han avasallado – con colaboración activa u o misiva de las mayorías- con los derechos de minorías de diversa índole.

Empero, la solución no pasa por acordar a las minorías el derecho de suprimir los derechos de las mayorías en nombre de la no discriminación, la igualdad o neutralidad religiosa por cuanto en una sociedad plural y de diversidad cultural tal postura resulta improponible.

Habiendo reseñado la realidad antropológica y cultural de esta cuestión traída a resolver, a modo de conclusión de mi posición me remito a las consideraciones de
los colegas preopinantes y de un modo especial, a los sólidos argumentos del Tribunal Constitucional del Perú en autos “Linares Bustamante”.

Se deja constancia que el Ministro Dr. Hugo Oscar DIAZ no firma la presente por encontrarse gozando de licencia ordinaria.-

Por
ello, el Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:

Primero: No hacer lugar a las peticiones administrativas de fs. 1/5 por las razones expuestas en los “considerandos” de la presente.

Segundo: Regístrese. Notifíquese. Protocolícese.