En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa a los veintidos días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen los señores Ministros Dr. Fabricio Ildebrando Luis LOSI y el Dr. Hugo Oscar DIAZ,  integrantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 398, con relación al art. 411 del C.P.P., a efectos de dictar sentencia en los autos: “FERREYRA, Juan Marcelo s/recurso de casación”, legajo nº 1662/2; y -----------------------------------------

RESULTA:-------------------------------------------

------------ 1º) Que el Tribunal de Impugnación Penal rechazó “in limine” por improcedentes, los recursos presentados por Juan Marcelo Ferreyra, por derecho propio, contra la resolución del Juez Contravencional que no hizo lugar a los recursos de apelación formulados contra la sentencia del Juez de Faltas Municipal de Toay.---------------------

-------------- Ferreyra, de manera “in pauperis” articuló recurso de casación ante esta Sala B, presentación que fue adecuada por el defensor en lo Penal, Dr. Alejandro Osio.------------------------ 

------------ En ese sentido, la defensa formalizó y fundamentó la vía casatoria, en el entendimiento que resultaba procedente con invocación de los incisos 1º y 3º del art. 409 del C.P.P..-----------

-------------- Explicó el iter recursivo desarrollado y señaló que nunca se le dio la opción a su representado de designar un defensor de su confianza o ser asistido por un letrado oficial como tampoco se le informó de ello, por lo que Ferreyra transitó el proceso judicial sin asistencia letrada ni patrocinio alguno.-----------

------------- Indicó que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio de su representado lo que implicó la violación del art. 18 de la C.N., art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8.2.d y e de la Convención Americana de Derechos Humanos y “Artículo 14.3 d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos, que nuestra Constitución Provincial prevé como inviolable y que el propio CFP-Ley 3151 prevé expresamente como irrenunciable  en su artículo 48. Y por su parte el artículo 13 de la Constitución Provincial de La Pampa...”.------------------------

Legajo n.º 1662/2

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------------ Remarcó que se trata de una garantía mínima que funciona como piso para el aseguramiento de los derechos de todas las personas.-------------

------------- Consideró que esta garantía puede verse afectada cuando el imputado no contase con los medios económicos para contratar un letrado particular, situación que implica que el Estado deba de proveerle de uno “...ya que al menos inicialmente no será de su libre elección, diferencia que se basa en una 'desigualdad de condiciones ab initio' permitida por el art.16 CN”.-----------------------------------------------

------------ En el caso bajo análisis señaló, que esa opción no se le dio a Ferreyra “...ni siquiera se le informó al respecto desde el inicio del proceso ni en ningún estadio por los tribunales intervinientes quienes son los encargados de asegurar los derechos del recurrente y garantes del debido proceso, entre ellas a recibir asesoramiento jurídico y se asistido por profesional del derecho...”.----------------------------------

----------------- Especificó que en la instancia desarrollada ante el Juzgado Contravencional, se vulneró el principio acusatorio, en razón que ni siquiera se sustanció la presentación recursiva ante el Ministerio Público Fiscal.-----------------

-------------- Citó profusa doctrina y jurisprudencia para justificar sus planteos y entendió que correspondería declarar la actividad procesal defectuosa desde el inicio de las actuaciones realizadas en el Juzgado Contravencional  con fecha 28/09/2020 y de todos los actos sucedidos “...entre ellos la decisión de fondo de ese recurso sin sustanciación al MPF como titular de la acción y sin Defensa Técnica del recurrente, incluyendo el decisorio el TIP de fecha 04/02/2021 que no solo no trató los planteos del impugnante sino que tampoco realizó el control de constitucionalidad para reconducir el proceso...”.-

------------ 2º) Que recordó que si la decisión quedara firme, Ferreyra tendría obstaculizado su derecho al recurso, el que no tuvo oportunidad de articular y resaltó que la jurisprudencia de la CIDH como la de este Superior Tribunal han definido 

 

Legajo n.º 1662/2

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el criterio que la base normativa del mencionado derecho es el art. 8.2.h de la CADH.------------------------------------------------ 

------------ 3º) Que explicó que es pretensión de la defensa que se declare la actividad procesal defectuosa de este legajo con los alcances del art. 158 del C.P.P. por aplicación del art. 157 de ese cod.cit. “...desde el Decreto inicial del proceso en su etapa judicial ante el Juzgado Contravencional de esta Provincia (Decreto de fecha 28/09/20 firmado por el Dr. Miguel Angel Vagge en legajo 1662/0) porque en ese decisorio no se informó ni se dio la opción a Juan Ferreyra de designar defensor de su confianza o ser asistido por la Defensa Pública, y tampoco se dio intervención alguna al Ministerio Público Fiscal”.-

------------ También destacó que ese pedido de actividad defectuosa debería alcanzar a la decisión del Juez Contravencional y la del Tribunal de Impugnación Penal por ser dictadas sin sustanciación con afectación a las reglas del debido proceso.------------------------------------

-------------------  4º) Que solicitó “...se declare como acto jurisdiccionalmente inválido al decisorio que intentamos  sea casado, debido a la arbitrariedad que registra, por partida múltiple, conforme los estándares de la CSJN y de la CorteIDH en la materia...”; en esa línea, refirió una profusa cantidad de jurisprudencia, de ambos organismos, con la intención de justificar su criterio.------------------------------------------

------------ Explicó, citando a Maier, que las sentencias deben ser fundamentadas y que ello es exponer “la razón de ser, los 'por qué'”, es decir, lo que define la decisión y la omisión de fundamentación, por sí sola, deriva en descalificar la solución alcanzada como acto jurisdiccional válido.--------------------------------------

------------------ Así entendió que el T.I.P. omitió los estándares legales y jurisprudenciales en el rechazo in limine que es objeto de su recurso.--------------------------------------------- 

------------ 5º) Que, por último, peticionó que en esta instancia se realice un control constitucional y convencional sobre todo el proceso con sustanciación diferentes fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se admita 

 

Legajo n.º 1662/2

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su presentación recursiva, se deje sin efecto los decisorios atacados y se reenvíe el legajo al Juzgado Contravencional para que, con una nueva integración, se inicie nuevamente el proceso de tramitación del recurso presentado por Ferreyra.---

------------ 6º) Que el Procurador General, Dr. Mario Bongianino, en oportunidad de emitir dictamen en el presente legajo expuso los antecedentes de la causa y señaló que había que delimitar la materia y en consecuencia la legislación que debía aplicarse.-----------------------------------------

------------ Relató que aquí se cuestiona una sanción de un órgano administrativo que dictó un juzgado municipal por lo que resulta aplicable el Código Regional de Faltas que fuera aprobado por la Ordenanza n.º 77/04 de la Municipalidad de Toay.---

------------ La mención a ese ordenamiento se focalizó en que allí la posibilidad de la vía recursiva era ante el Juez de Instrucción y Correccional del derogado Código Procesal Penal, por lo cual la revisión judicial fue realizada por el Juez Contravencional.--------------------------------------- Agregó que las faltas y contravenciones no son delitos, por lo que el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, como garantía convencional, resulta ajeno a su ámbito, pues esa garantía se encuentra supeditada a la existencia de un fallo final dictado contra persona inculpada de delito, y de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia (Fallos: 323:1787 y 325:2711) el proceso de faltas finalizó ante el Juez Contravencional.------------------------------------ 

------------ Concluyó en que el recurrente ataca una sentencia del Juez de Faltas convalidada por el magistrado contravencional del poder judicial provincial, y esa atribución no puede ser extendida  “en forma oblicua y por vía de aplicación subsidiaria” a otros órganos, si se aceptara lo contrario, estaríamos desconociendo procedimientos administrativos, fiscales, entre otros que prevé los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional y 115 de la Constitución Provincial, por lo que corresponde el rechazo del recurso articulado.-----

 

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CONSIDERANDO:-------------------------------------

------------- 1º) Que para analizar el planteo apuntado es preciso proceder a revisar el proceso judicial iniciado contra Ferreyra, cuyo origen parte de dos contravenciones impuestas por el Juzgado de Faltas del municipio de Toay.------------------------------ 

------------ Según puede apreciarse del sistema informático (Sigelp) Juan Marcelo Ferreyra fue sancionado, por el referido municipio, por dos infracciones de tránsito, confirmadas por las sentencias dictadas por el Juez Contravencional.------------------------------------ 

------------ Posteriormente, realizó una presentación, ante el Tribunal de Impugnación Penal, contra las decisiones sancionatorias que fue rechazada por improcedente.------------------------- 

------------ Por último Ferreyra, le solicitó a este Superior Tribunal de Justicia, en un escrito titulado “TITULO IV CASACION”, que declare nula ambas sentencias contravencionales y la del Tribunal de Impugnación Penal porque adolecen de argumentos y que se le designe un defensor de oficio, pues su ausencia perjudica sus derechos.----------------------------- 

------------ 2º) Que esta Sala B puso en conocimiento de la presentación al Defensor General, quien designó al Dr. Alejandro Osio para que adecue el escrito formulado por Ferreyra y para que ejerza la defensa técnica. Con fecha 22 de abril del corriente año presentó recurso ante la Secretaría de la Sala.------------------------------------------------

------------ Posteriormente, se solicitaron las actuaciones tramitadas ante el Juzgado de Faltas de esta ciudad, en razón de que el mencionado organismo no se encuentra incluido en el sistema informático judicial, y con fecha 17 de junio se dispuso la admisibilidad del escrito casatorio.----

------------- 3º) Que esta Sala se encuentra en condiciones de analizar el planteo traído a estudio, y un examen de toda la causa permite advertir que el presentante durante todo el proceso judicial no tuvo defensor que lo asista.-----------

------------ A pesar de ello, de la lectura de los fallos del Juzgado Contravencional, puede advertirse que se resalta que el inculpado ejerció su defensa en cada fase procesal.------------------ 

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------------ En ese sentido, si bien los escritos presentados ante ese organismo jurisdiccional, como recursos de apelación, no llevan firma de letrado, ni se advierte que Ferreyra haya solicitado representación técnico legal que lo asista, puede apreciarse que esas presentaciones tuvieron un auxilio, por parte de alguien con conocimientos en la materia, que permitieron analizar los planteos recursivos.-------------------------------------

--------------- Por otra parte, el art. 48 in fine del Código Contravencional, permite que el juez autorice el ejercicio de la propia defensa, siempre y cuando ello no obste a su adecuada actuación en juicio, circunstancia esta última que no se compadece con el caso, pues se trató del análisis de un recurso de apelación, pero permite apreciar que la norma faculta la representación propia.--------------------------- 

------------ En la instancia jurisdiccional de impugnación, también formuló una exposición ante ese tribunal y el peticionante continuó con su defensa, por derecho propio y señaló, al momento de presentarse ante el STJ que, si aquel tribunal advirtió una defensa deficiente, debió asignarle asistencia letrada.----------------------------------

------------ Arribadas las actuaciones a esta Sala, y por el planteo realizado por el defensor en el trámite del legajo, hay que hacer dos observaciones, en primer lugar si fue cumplido el ejercicio del derecho al recurso y, en segundo lugar, si fue afectado el ejercicio al derecho de defensa del presentante.---------------------------

------------ Con relación al primero cabe reflexionar, como bien lo sostiene el Procurador General, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las faltas y contravenciones no son delitos por lo que el derecho a recurrir del fallo, ante un juez o tribunal superior solo quedaría establecido para una persona inculpada por un delito, de conformidad con los arts.8 inc.2 h y 14 inc.5 de la CADH y PIDCP. --- 

------------ En ese sentido, Ferreyra pretendió que su sanción por infracción de tránsito, dictada por un Juez de Faltas Municipal, que fuera ratificada por el Juez Contravencional del Poder Judicial, sea 

 

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revisada nuevamente, en este caso por el Tribunal de Impugnación Penal; esa competencia que se exige, además de no encontrarse prevista legalmente, resulta contraria a las disposiciones establecidas en el marco normativo procesal que se atribuye al T.I.P., competencia que resulta exclusiva para la revisión de las decisiones jurisdiccionales de carácter penal (art. 33 del C.P.P.).------------------------------- 

------------ El ordenamiento normativo de la Municipalidad de Toay, en materia de faltas, resulta el Código Regional de Faltas, que dispone en materia recursiva, ante una sanción por infracción, en este caso de tránsito, un recurso de apelación ante el Juez de Instrucción y Correccional, por cita del antiguo Código Procesal, no obstante ello, el mencionado remedio recursivo se concedió ante el Juzgado Contravencional, que realizó el control judicial y lo cumplió acabadamente.-------------------------------------

------------  Con relación al segundo aspecto a analizar, como dijéramos, y en consonancia con lo mencionado por el magistrado contravencional, resulta evidente que el presentante estuvo asesorado legalmente, si bien con algunos desaciertos y desprolijidades en el escrito recursivo, ello no obstaculizó la evaluación del magistrado en el orden jurisdiccional, para examinar la tarea realizada en la órbita de faltas municipal.----------------------------------------- 

------------ Sin embargo, lo que aquí cabe resaltar es que, en el escrito formulado como recurso de apelación, Ferreyra consignó que se presentaba por derecho propio, por lo que señalar en esta instancia, que se encontró en estado de indefensión, resulta un contrasentido frente a la elección realizada.----------------------------------------

--------------- En oportunidad de presentarse “in pauperis” ante esta Sala, señaló que si el Presidente del Tribunal de Impugnación Penal consideró que en su escrito existían “ERRORES EN LA SUSTANCIACION” o “ERRORES DE FORMALIDAD”, le debió haber advertido respecto del texto del art. 96 del C.P.P., es decir, acerca del derecho que le asistía de hacerse de defender por abogados de la matrícula 

 

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o en su caso por un defensor oficial.--------------

------------ Resulta evidente que la intención del presentante fue ejercer su defensa por derecho propio, y no surgen, a partir del análisis de la causa administrativa, como del trámite de apelación, una deficiencia en el ejercicio de la defensa que le haya aparejado a Ferreyra un “efecto decisivo en contra de sus intereses”, tal como indica la CIDH en “Ruano Torres” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; “RUANO TORRES Y OTROS VS. EL SALVADOR”, sentencia del 5 de octubre de 2015).----------------------------------------------- 

------------ Asimismo, tampoco se argumentan por parte del recurrente, qué afectación irreversible ha sufrido Ferreyra en el marco de su propia representación; en definitiva, no se advierte violación alguna a garantías y derechos constitucionales señalados en la presentación recursiva.----------------------------------------------------- 4º) Que en consecuencia, por las razones expuestas,  corresponde el rechazo del recurso de casación presentado.-------------------------------- Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA B,----------------------------------

FALLA:--------------------------------------------

--------------- 1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto.  ------------------------------------- 

------------ 2º) Registrar, notificar y, oportunamente, archivar.---------------------------

 

 

1662/2 - 2021
 
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