En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete días de mes de septiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen los señores Ministros, Dr. Fabricio I. Luis Losi y Dr. Hugo O. Díaz, integrantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 398, en relación al art. 411 del C.P.P., a los efectos de dictar sentencia en los autos: "LESME, Federico en legajo por rechazo de la inconstitucionalidad del art. 56 bis... s/ recurso de casación", registrados en esta Sala como legajo n.º 81247/4, con referencia al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. Alejandro J. Osio, contra la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal, mediante la que se falló: "HACER LUGAR al recurso de impugnación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y REVOCAR la resolución del Juez de Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de fecha 19 de abril del corriente año”; y---------------------------------------------------

RESULTA:---------------------------------------

---------------- 1º) Que el defensor oficial, Dr. Alejandro Osio, interpuso recurso de casación en los términos del art. 409 incs. 1º, 2º y 3º del C.P.P. ley 3192, contra la resolución del T.I.P. de fecha 04 de junio del corriente año, que hizo lugar al recurso del fiscal y revocó la decisión del juez de ejecución.--------------------------------------

------------ Expresó que el resolutivo en cuestión le causa un agravio de imposible reparación ulterior en cuanto le impide a su defendido acceder al beneficio de las salidas transitorias, dentro del régimen de progresividad de la pena.-----------

------------ Como primer agravio, sostuvo la inobservancia de principios constitucionales y convencionales y señaló la afectación del principio de legalidad. Fundamentó que el T.I.P. observó la letra expresa de la ley, pero omitió considerar su compatibilidad con los principios y normas de superior jerarquía con relación a la humanidad, dignidad humana, resocialización como derecho humano y mandato de progresividad.--------------

--------------- A criterio de la defensa, se prescindió de analizar la importancia y/o efecto beneficioso que tendría para el condenado, realizar un    abordaje   de   progresividad   con  salidas 

 

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transitorias, como así también del control de convencionalidad y constitucionalidad, se inobservó el art. 31 de la C.N. y el mandato derivado del art. 75 inc. 22 de la C.N.------------

------------ Puntualizó que el art. 56 bis de la LEP, con la reforma de la ley 27375 bloquea la concesión de las salidas transitorias, semi libertades, semi detención y libertad asistida, y la reforma introducida por la misma ley al art. 14 del C.P., obstaculiza la libertad condicional.--

------------ Indicó que ello arroja una pena fija sin posibilidad de progresividad alguna, que claramente no se suple con la preparación para la liberación que prescribe el art. 56 quater de la LEP.-----------------------------------------------

------------ Refirió que Lesme reúne todos los requisitos para el acceso a sus salidas transitorias, pero los tienen bloqueados normativamente e incluso es mantenido irregularmente en dependencias policiales sin abordaje penitenciario alguno.--------------------

------------- Detalló y desarrolló los principios constitucionales que el T.I.P. debió tener en cuenta al momento de fallar. El primero que refirió, fue el de igualdad y citó in extenso fallos de los que desprendió que la norma del art. 56 bis de la LEP, carece de justificación objetiva y razonable, ya que discrimina a personas en la misma situación, sin explicación convencional posible, pues permite el acceso a salidas transitorias a condenados por delitos más graves que los que se les impide a otros condenados por delitos más leves, sin razón alguna y no se incardina con los objetivos de la norma.-----------

------------ Resaltó que el a quo omite considerar el principio de igualdad en su desarrollo y fines de la pena.----------------------------------------

------------ Dijo que el segundo principio afectado es el de humanidad y dignidad inherente al ser humano, en el que indicó la arbitrariedad por falta de fundamentación suficiente y sin aplicación al caso.----------------------------------------------

------------ Consignó que debe entenderse como INCONSTITUCIONAL  EL  ART. 56  BIS  DE  LA LEP,  al 

 

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anular toda posibilidad de progresividad en la modalidad de cumplimiento de la pena y al dejar fija la fecha de egreso desde el juicio, sin posibilidad de revertirse esa situación.-----------

------------- Profundizó además que la norma referida es inconstitucional porque trata a los condenados como medios para un fin, vulnerando su dignidad como seres humanos, sin darle las herramientas necesarias y la posibilidad de demostrar lo contrario.---------------------------------------- Bajo el título de “DERECHO HUMANO A LA REINSERCIÓN SOCIAL”, dijo que en el caso de Lesme, las salidas que le habilitó el Dr. Saravia, tenían por finalidad fortalecer los lazos familiares con que cuenta, para poder afianzar el proceso de integración comunitaria. ----------

----------- Aportó doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema  y de la CIDH, en cuanto al fin de justificación de la pena y medidas privativas de la libertad, como así también del rol que debe asumir nuestro Estado al respecto, e ilustró con las disposiciones de la Organización de Naciones Unidas.--------------------------------------------

------------ Con todo ello, concluyó que la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de libertad, constituye una obligación del Estado, tanto desde el marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos, como en el ámbito nacional, tanto constitucional como legal.-------------------------

------------ Por último, se agravió de la arbitrariedad de la decisión del T.I.P., y dijo que, ese tribunal, no conformó un razonamiento válido que contenga el análisis de lo planteado.--------------- Precisó que el a quo, resolvió un aspecto que no estaba en discusión, puesto que nadie reclamó que la pena prevista en abstracto e impuesta en concreto a Lesme, es anticonvencional e inconstitucional, sino que el bloqueo de los institutos liberatorios, en particular, el de las salidas transitorias, sí lo es, pero no en relación al principio de culpabilidad, sino a los de humanidad y dignidad.------------------------------

------------ Culminó   su   presentación   con   la 

 

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petición a este Tribunal para que unifique jurisprudencia y ejerza el control de convencionalidad, constitucionalidad; finalmente, efectuó reserva del caso federal.-------------

------------ 2º) Que se corrió la correspondiente vista al señor Procurador General, Dr. Mario O. Bongianino, quien emitió dictamen y consideró que debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por el defensor oficial.---------------------------

CONSIDERANDO:-------------------------------------

------------- 1º) Que el agravio que se plantea ante esta instancia consiste, por un lado, en la causal de arbitrariedad en la fundamentación del resolutivo del T.I.P. y, por otro, en el reclamo de inconstitucionalidad del art. 56 bis de la LEP, al anular toda posibilidad de progresividad en la modalidad de cumplimiento de la pena y dejar fija la fecha de egreso desde el juicio sin posibilidad de revertirse esa situación. ---------------------- 

------------ 2º) Que el Tribunal de Impugnación Penal provincial expuso los antecedentes del caso y analizó la norma puesta en crisis en el contexto de las circunstancias fácticas y particulares que conforman la situación de Lesme.-------------------

---------- De este modo, el a quo reparó que Lesme fue condenado por el delito de abuso sexual simple, encuadrado en la ley 26485 y que el art. 56 quater sufrió una modificación en relación a los delitos de índole sexual, para los que el legislador señaló que la progresividad tenga otras características, debido al injusto causado por el agente.---------------------------------------

------------ Estas son las razones centrales sobre las que gira el resolutivo del T.I.P., las que, sumadas a la ausencia de referir la afectación concreta a garantías consagradas y perjuicio en ese sentido al condenado por parte del juez de ejecución, provocaron que se revoque la concesión del beneficio en cuestión.------------------------

------------- Esas razones manifestadas por el T.I.P. son compartidas en su totalidad por este Superior Tribunal de Justicia, y no se advierte falta o deficiente argumentación, tal como invoca la defensa.---------------------------------------- 

 

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------------ Tampoco se evidencia de la respuesta que brindara el a quo, que haya resuelto acerca de la inconstitucionalidad de la pena y no de la norma. La resolución tiene una redacción sencilla y clara, que en modo alguno conduce a error; este último aspecto es introducido por el recurrente, como soporte de la arbitrariedad, para forzar la vuelta a la decisión primera de inconstitucionalidad.------------------------------

------------ El art. 56 bis de la LEP, sustituido por art. 30 de la ley n.º 27.375, B.O. 28/07/2017, reza que: “No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos: 1. Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal. 2. Delitos contra la integridad sexual, previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafo, y 130 del Código Penal. 3. Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del Código Penal. 4. Tortura seguida de muerte, artículo 144 ter, inciso 2, del Código Penal. 5. Delitos previstos en los artículos 165 y 166, inciso 2, segundo párrafo del Código Penal. 6. Secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida, conforme a los supuestos previstos en el artículo 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos, del Código Penal. 7. Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal. 8. Casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal. 9. Financiamiento del terrorismo, previsto en el artículo 306 del Código Penal. 10. Delitos previstos en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace. 11. Delitos previstos en los artículos 865, 866 y 867 del Código Aduanero. Los condenados incluidos en las categorías precedentes tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida, previstos en los artículos 35, 54 y concordantes de la presente ley.”.------------------

----------- La ley 27375, que se encuentra vigente 

 

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en la actualidad, recorta la procedencia de la libertad condicional para la totalidad de los delitos contra la integridad sexual, previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafos, y 130 del Código Penal, lo que desplaza cualquier conculcación al principio de igualdad, como lo plantea la defensa.----------------------------- 

------------ Este criterio fue seguido por esta Sala, en legajo n.º 1653/6, caratulado: “ZAPATA, Gustavo Daniel en causa por rechazo de la inconstitucionalidad del art. 14 seg. parte del C.P. s/ recurso de casación”, sentencia del 5/12/18, con referencia al art. 80 del C.P. contemplado en el inc. 1) del art. 56 bis de la LEP y cuya interpretación debe extenderse al inc. 2) del mismo artículo.-------------------------------

------------- En ese sentido, también la provincia de Santa Fe en causa:  “Villagrán, Sergio Javier”, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 56 bis de la LEP, articulado con similitud al presente, por lo que resulta atendible su cita.---------------

----------- La decisión de la Corte santafesina    fue asumida con apoyatura en su precedente "BELIZÁN" “...en el que se analizó pormenorizadamente cada uno de los principios constitucionales señalados e invocados por la defensa del condenado en su recurso de inconstitucionalidad  que -a su criterio- resultan vulnerados por la aplicación del impedimento previsto en la norma referida, no advirtiendo esta Corte -por los fundamentos allí esgrimidos- que tal obstáculo legal pudiera tildarse como contrario a mandas constitucionales (criterio reiterado en A. y S. T. 264, págs. 1/10 y págs. 91/101; T. 268, págs. 343/353 y T. 274 págs. 318/333)” (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; “VILLAGRAN, Sergio Javier -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: Villagran, Sergio Javier s/ apelación resolución que rechaza el planteo de inconstitucionalidad art. 56 bis; ley 24660 y deniega salidas transitorias s7 queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad”; sent. del 13 de agosto de 2019).-------------------

 

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------------ El S.T.J. de la provincia de Chubut en causa: “'G., J. H. s/ impugnación extraordinaria' (Expediente Nº - Fº I - Año 2011 – Carpeta Judicial Nº - OJ Trelew)”, rechazó toda afectación al principio de igualdad por parte del art. 56 bis de la LEP y dijo que “...el artículo 56 bis se aplica a todos los sujetos que fueron condenados por los delitos enumerados en la norma, como parámetro objetivo...”. ---------------------------------------

---------- El mismo fallo consignó que “Las razones de política criminal alegadas por el legislador al momento de sancionar la norma y su posterior reforma ampliatoria, son propias de las facultades que la división republicana de gobierno le atribuye. Es más, la selección de delitos por los que se limitan los beneficios penitenciarios, así como la voluntad del legislador en tal sentido, fueron ratificados en la posterior reforma de la ley de ejecución penal, mediante la ley 27.375. Tales razones de política criminal no pueden ser tachadas de irrazonables o arbitrarias, cuando el criterio del legislador tuvo en cuenta la gravedad del delito, y la magnitud del injusto cometido en todos los casos previstos. Por ello no resulta posible -a través de una revisión/ judicial-, invadir las facultades del Poder Legislativo”.----

------------- “Al decir del doctor Fabio Monti son razones que tuvo en cuenta el legislador '...para restringir beneficios a quienes cometieron determinados delitos que conmueven a la sociedad y que desnudan en los actores facetas de su desprecio por el bien jurídico más preciado por el orden normativo...'".---------------------------------

-------------- Con relación a la paralización de la progresividad, también en ese pronunciamiento la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se expidió y, como asimismo es un agravio del Dr. Osio, esta Sala comparte lo expuesto con la provincia vecina, por lo que es pertinente consignar tal postura.-----------------------------

------------ Allí se dijo que “El artículo 1º de la ley 24660, en cuanto establece que la ejecución de la pena tiene como fin la resocialización del condenado,  y  el principio  de  progresividad  del 

 

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artículo 6 de la misma ley, que establece la progresividad en el régimen penitenciario ¿se ven obstaculizadas por la norma puesta en crisis? ¿se impide la aplicación del artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos que concierta con tales principios?.-------------------

------------ Resulta ajustado al caso el razonamiento de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe -citado por el doctor Fabio Monti-, que armoniza' la normativa aplicable, concluyendo en la constitucionalidad de la norma. Ello en autos 'Belizán, Manuel Luis - Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. 774/13) en autos: "Belizán, Manuel Luis s / robo calificado por homicidio resultante - Salidas transitorias-" (Expte. 1534/12) S/Recurso de Inconstitucionalidad...'.------------------------

-------------- En su voto, el Ministro Gutiérrez, explica razonablemente, que el sistema de progresividad penitenciaria no tiene un fundamento constitucional, sino una base legal: el artículo 6 de la ley 24.660.' Que, por ello, es razonable que el propio legislador sea quien determine los requisitos para la procedencia de la semilibertad o salidas transitorias.---------

------------- Por su parte, el Ministro Netri concluye que 'resocialización' no equivale a 'externación', sino que 'es factible instaurar un régimen progresivo a desarrollarse intramuros'. '...Que los principios establecen que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados, como así también la resocialización y reintegración familiar, no especificando que dichas finalidades se alcancen mediante la resocialización por fuera de la penitenciaria'. Que ello surge de 'Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos' de la Organización de las Naciones Unidas (cfr. Regla 60.2).---------------------------------------------

------------ Agrega el magistrado, que concurren en el mismo sentido, el documento 'Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas  de  libertad  en  las  Américas'  de   la 

 

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 'Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas' de la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Por último, añade, '...Que no se vincula el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos con régimen de progresividad creciente en materia de ejecución de la pena extra-muros (cfr. Párrafo 608del citado informe...)'.-----------------------

------------- Al ponderar el análisis del citado magistrado, y la normativa citada, advierto que le asiste razón, 'debido a que el principio de progresividad establecido en la ley penitenciaria, no se deroga con la norma puesta en crisis. El legislador sólo propicio adecuar tratamiento del condenado, al grado de injusto del delito cometido. Es por ello que interpreto que la ley no impide la progresividad en la ejecución de la pena, como imprescindible requisito para alcanzar la resocialización. Únicamente veda la incorporación de los sujetos a beneficios como la semilibertad o salidas transitorias, que los autorizan a salir del lugar de detención antes del total cumplimiento de la pena” (Conf. voto del Dr. Mario Luis Vivas, en fallo citado).-------------------------------------

------------ En consecuencia, por las razones expuestas, juntamente con el pronunciamiento de este Superior Tribunal citado y compartido, en plenitud, por identidad de planteos defensivos y circunstancias particulares con este caso, y los precedentes de las provincias de Santa Fe y Chubut, es que corresponde el rechazo del recurso de casación que el Dr. Osio articulara a favor de su defendido Federico Lesme.-------------------------

------------- Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA B,-------------------------------

FALLA:-----------------------------------------

--------------- 1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto en el presente legajo por el defensor penal, Dr. Alejandro Osio. --------------------------

--------------- 2º) Registrar, notificar y, oportunamente, archivar.----------------------------

 

81247/4 - 2021
 
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